Canadá apuesta US$352 millones en Red Chris y desafía la red eléctrica de BC

El gobierno canadiense financia una mina que su propia red eléctrica aún no puede alimentar

Ottawa acaba de comprometer C$500 millones (US$352 millones) para respaldar el proyecto Red Chris Block Cave de Newmont en el norte de Columbia Británica. El problema: la infraestructura eléctrica de esa región no tiene la capacidad para sostener una operación de esa escala. El gobierno federal canadiense está apostando a que la red llegará a tiempo. Es una apuesta pública de nueve cifras sobre un problema de ingeniería que todavía no tiene solución confirmada.

Una mina subterránea que necesita más energía de la que existe

El proyecto Red Chris Block Cave es la conversión de una operación de tajo abierto a minería subterránea mediante la técnica de block caving, uno de los métodos de extracción masiva más eficientes para depósitos de cobre y oro a gran profundidad. Newmont planea desarrollar este yacimiento ubicado en el norte de Columbia Británica, una zona geográficamente aislada con infraestructura eléctrica limitada. La operación subterránea demandará una potencia eléctrica significativamente mayor a la que actualmente puede entregar la red en esa región.

El aporte federal de C$500 millones convierte al gobierno de Canadá en un actor directo del desarrollo minero, no solo como regulador sino como financiador estratégico. La justificación es clara dentro de la política de minerales críticos: Red Chris contiene cobre y oro, dos metales que Ottawa considera esenciales para la transición energética y para reducir la dependencia de cadenas de suministro dominadas por China. Pero la decisión también expone una tensión que los gobiernos mineros de todo el mundo enfrentan: comprometer capital público antes de que la infraestructura habilitante esté garantizada.

El cuello de botella eléctrico en el norte de Columbia Británica no es un detalle técnico menor. BC Hydro, la empresa pública provincial de electricidad, tiene planes de expansión para esa región, pero los plazos de construcción de nuevas líneas de transmisión en territorios remotos de Canadá se miden en años, no en meses. Si la línea no llega antes de que la mina la necesite, el proyecto enfrenta retrasos o debe recurrir a generación diésel —lo que contradice directamente el argumento de sostenibilidad que justificó el financiamiento federal.

El impacto en Latinoamérica

Lo que ocurre en el norte de Columbia Británica no es un problema exclusivamente canadiense. Es el mismo dilema que enfrentan Chile, Perú y Colombia con sus proyectos mineros en zonas remotas: la energía no llega al ritmo que exige la inversión. En el norte de Chile, la minería del cobre lleva años migrando hacia energías renovables, pero la transmisión desde los parques solares del desierto hacia las faenas de altura sigue siendo un cuello de botella real. En Perú, proyectos como Quellaveco tuvieron que resolver su propia ecuación energética antes de poder operar a escala.

Lo que sí es nuevo en el caso canadiense es el modelo: el Estado no espera a que el mercado resuelva la infraestructura —la financia directamente y asume el riesgo de que los plazos no coincidan. Ese modelo de financiamiento público activo en minería de minerales críticos está ganando terreno en Australia, Estados Unidos y ahora Canadá, mientras que en América Latina los gobiernos siguen debatiendo entre regalías, royalties y marcos regulatorios, sin terminar de definir cuánto riesgo de infraestructura están dispuestos a asumir. La pregunta para los ejecutivos e inversionistas de la región no es si este modelo llegará a LATAM, sino cuándo y bajo qué condiciones.

La línea del fondo: Si Canadá logra resolver el déficit eléctrico del norte de BC y el proyecto Red Chris avanza según lo planeado, habrá demostrado que el financiamiento público directo puede destrabar proyectos de block caving en zonas remotas en menos tiempo que el ciclo regulatorio tradicional. Para Chile y Perú, donde hay al menos cuatro proyectos subterráneos de gran escala en etapa de prefactibilidad con restricciones energéticas similares, ese precedente vale más que los US$352 millones en sí mismos.