EE.UU. abre el Pacífico a la minería de fondos marinos

El Pacífico profundo como nueva frontera extractiva

A miles de metros bajo la superficie del océano Pacífico, en las proximidades de las Islas Marianas del Norte, yacen depósitos de nódulos polimetálicos ricos en manganeso, cobalto, níquel y cobre. La administración Trump acaba de anunciar que esos fondos marinos estarán disponibles para concesiones mineras comerciales mediante subasta antes de que termine 2025. No es un anuncio menor: es la primera vez que Estados Unidos avanza concretamente hacia la explotación de su zona económica exclusiva en el Pacífico profundo.

Qué está haciendo Washington y por qué ahora

La Casa Blanca ha emitido una orden ejecutiva que instruye a la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) a preparar el proceso de licitación de bloques en el Pacífico central y occidental, con foco inicial en las aguas adyacentes a las Islas Marianas del Norte, un territorio no incorporado bajo soberanía estadounidense. La justificación oficial es directa: reducir la dependencia de cadenas de suministro de minerales críticos controladas por China.

El timing no es casual. En paralelo, la administración también ha presionado para que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) agilice la aprobación de un código minero internacional que lleva años en negociación sin resolución. Al no esperar ese marco multilateral y avanzar unilateralmente en sus propias aguas jurisdiccionales, Washington envía una señal clara: si el sistema multilateral no se mueve, EE.UU. actúa por su cuenta.

Lo que hace a este movimiento estratégicamente distinto de iniciativas anteriores es la velocidad. La BOEM normalmente tarda años en completar estudios ambientales previos a cualquier licitación. Que el gobierno fije un horizonte de subasta para finales de 2025 implica comprimir ese proceso de manera significativa, lo que ya ha generado críticas de organizaciones ambientales y de algunos gobiernos del Pacífico que argumentan que los impactos sobre ecosistemas de aguas profundas aún no están suficientemente documentados.

Una apuesta por los minerales del siglo XXI con reglas del siglo XX

Los nódulos polimetálicos del fondo marino no son un descubrimiento nuevo. Se conocen desde los años 1970, cuando la primera fiebre de interés por la minería submarina generó tratados internacionales y luego se enfrió ante la caída de precios de los metales. Lo que cambió es la demanda. El cobalto y el níquel son insumos críticos para baterías de vehículos eléctricos. El manganeso es esencial para aceros de alta resistencia. La transición energética convirtió estos depósitos, antes marginalmente rentables, en activos estratégicos.

Varias empresas ya tienen contratos de exploración vigentes en la Zona Clarion-Clipperton, la franja del Pacífico central donde se concentran los mayores depósitos conocidos. Entre ellas, The Metals Company (TMC), con sede en Canadá, es la más avanzada en términos de datos técnicos y ha presionado activamente por la apertura regulatoria. El anuncio de Washington podría acelerar también las decisiones de inversión de estas empresas, aunque la zona de las Marianas tiene características geológicas y de profundidad distintas a Clarion-Clipperton.

El debate de fondo, sin embargo, va más allá de la geología. La minería de fondos marinos opera en ecosistemas que la ciencia todavía comprende de manera parcial. Estudios publicados en revistas como Nature han documentado que la recuperación de comunidades bentónicas en zonas de prueba puede tardar décadas, y que los penachos de sedimento generados por las operaciones se dispersan mucho más lejos de lo que los modelos iniciales predecían. Ninguno de esos datos es concluyente en términos de prohibición, pero sí complican cualquier argumento de que el impacto ambiental es manejable con tecnología actual.

Una carrera que ya tiene varios corredores y ningún árbitro claro

Noruga, China, Japón y la Unión Europea tienen programas activos de exploración o desarrollo tecnológico para minería submarina. El movimiento de Washington no inaugura la carrera, la acelera. Y al hacerlo sin esperar el marco de la ISA, establece un precedente que otros países podrían invocar para avanzar en sus propias zonas económicas con menor escrutinio internacional.

Para los inversionistas del sector de minerales críticos, la señal es que el capital político detrás de esta industria en EE.UU. es ahora más sólido que en cualquier momento de los últimos 40 años. Eso tiene valor informativo independientemente de si las primeras subastas resultan exitosas o si enfrentan litigios ambientales que las retrasen.

Para quienes trabajan en minería terrestre de cobre, níquel o cobalto, el escenario relevante no es que la minería submarina reemplace a la minería convencional en el corto plazo. Los costos operativos en el fondo marino siguen siendo sustancialmente más altos que en tierra. El escenario relevante es que la amenaza de nueva oferta submarina presione los precios de largo plazo en un momento en que varios proyectos terrestres en LATAM están evaluando su viabilidad económica.

La línea del fondo: Si las subastas avanzan según el cronograma de Washington, el mercado tendrá que descontar nueva oferta potencial de cobalto y níquel antes de 2030. Para los proyectos de litio y cobre en Chile, Perú y Argentina, eso no cambia la ecuación de corto plazo, pero sí el piso de precios que pueden asumir en sus modelos financieros de largo plazo.