Perú actualiza criterios para identificar pueblos indígenas en minería

Perú quiere redefinir quién es «pueblo indígena» en el contexto de la minería de exploración

Determinar qué comunidades activan el proceso de consulta previa es, en la práctica, una de las decisiones más delicadas que enfrenta un proyecto minero antes de mover una sola máquina. El Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM) acaba de poner sobre la mesa una propuesta que busca establecer nuevos requisitos para identificar a los pueblos indígenas en proyectos de exploración minera, lo que podría cambiar el punto de partida de decenas de procesos en trámite y futuros.

Una identificación que hoy genera conflictos desde antes de empezar

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Perú en 1994, exige que los Estados consulten a los pueblos indígenas cuando una medida legislativa o administrativa pueda afectarlos directamente. En la minería, eso se traduce en la consulta previa como requisito antes de otorgar ciertos permisos. El problema no es el principio: es la aplicación. ¿Quién califica como pueblo indígena para efectos de ese proceso? Hoy esa pregunta no tiene una respuesta uniforme, y la ambigüedad genera conflictos tanto para las comunidades como para las empresas y el propio Estado.

La propuesta del MINEM apunta a establecer criterios más precisos para esa identificación en la etapa de exploración, que es donde se definen la viabilidad y el alcance potencial de un yacimiento. La lógica detrás del ajuste es razonable: si los criterios de identificación son claros desde el inicio, se reduce el margen para disputas posteriores sobre si correspondía o no activar la consulta. Lo que todavía no está claro, a partir de la información disponible, es el detalle de los nuevos requisitos propuestos, ni si la propuesta fue elaborada con participación de las propias organizaciones indígenas, algo que el Convenio 169 exige también para las medidas que los afectan.

Ese punto no es menor. Definir unilateralmente quién es o no indígena, sin que las comunidades tengan voz en esa definición, es en sí mismo una contradicción con el espíritu del convenio. Si la propuesta del MINEM sigue esa ruta, puede generar más litigiosidad que la que pretende resolver.

El nudo detrás de la propuesta: tiempo, certeza y conflicto

En Perú, la cartera de proyectos mineros bloqueados o en tensión por disputas territoriales y de consulta previa es una de las más grandes de la región. Proyectos como Tía María o Conga llevan años fuera de operación, y en muchos casos el punto de quiebre ocurrió precisamente en la etapa de exploración o en los primeros pasos del desarrollo. Eso le cuesta al país en términos de inversión, de regalías no cobradas y de empleos no generados, pero también le cuesta a las comunidades que quedan atrapadas en conflictos prolongados sin resolver.

Lo que el MINEM parece buscar con esta propuesta es reducir la incertidumbre inicial: si se sabe con más precisión quiénes deben ser consultados y bajo qué criterios, el proceso puede arrancar con menos cuestionamientos. Para las empresas mineras, eso se traduce en cronogramas más predecibles. Para el Estado, en menos impugnaciones administrativas. Para las comunidades, en teoría, en mayor certeza sobre cuándo y cómo serán convocadas.

Sin embargo, la historia reciente en Perú muestra que los problemas de la consulta previa rara vez son solo técnicos. Son también políticos y de confianza. Criterios más precisos ayudan, pero no reemplazan la calidad del diálogo ni la voluntad real de incorporar las preocupaciones de las comunidades en el diseño de los proyectos.

Lo que viene: un proceso que merece seguimiento cercano

Si la propuesta del MINEM avanza hacia una norma, su impacto se sentirá principalmente en la ventanilla: en cómo se tramitan las solicitudes de exploración que involucran territorios con presencia indígena. Organizaciones como AIDESEP y otras plataformas de representación indígena en Perú serán actores clave para validar o impugnar los criterios propuestos. Su posición determinará, en buena medida, si la norma genera el efecto esperado o si abre un nuevo frente de conflicto.

Para los ejecutivos e inversionistas con proyectos en Perú o que evalúan ingresar al mercado, el consejo práctico es el mismo de siempre, pero ahora más urgente: no esperar a que la norma esté publicada para mapear las comunidades en el área de influencia. La identificación temprana, hecha con rigor y con participación de las propias comunidades, sigue siendo la mejor póliza de seguridad para un proyecto de exploración, independientemente de lo que diga el reglamento.

La línea del fondo: Si los nuevos criterios del MINEM se diseñan con participación indígena real, pueden reducir los conflictos en etapa temprana y acelerar el inicio de decenas de proyectos paralizados en Perú. Si se imponen sin ese proceso, el remedio puede ser peor que la enfermedad.