Cobre Panamá: First Quantum actualiza estado tras cierre

Una mina de cobre paralizada, una auditoría terminada y una decisión que no llega

Cobre Panamá producía alrededor de 350.000 toneladas de cobre por año antes de cerrar en 2023. Era una de las diez minas de cobre más grandes del mundo. Hoy, sus instalaciones están paralizadas, sus trabajadores dispersos y su operadora, First Quantum Minerals, sigue esperando que el gobierno panameño defina qué pasa a continuación.

Lo que dejó la Corte Suprema, y lo que vino después

En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato que permitía operar a Cobre Panamá. La decisión desató protestas masivas en el país, en parte motivadas por preocupaciones ambientales y en parte por la percepción de que el Estado había cedido condiciones demasiado favorables a la empresa canadiense. El gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo ordenó el cierre progresivo de la mina. Desde entonces, la operación lleva más de un año sin producir un solo kilo de cobre.

Lo que siguió fue una secuencia de pasos formales: el nuevo gobierno panameño, liderado por José Raúl Mulino desde mayo de 2024, encargó una auditoría integral de la mina y constituyó una comisión interministerial para analizar sus resultados y recomendar un camino a seguir. First Quantum ha actualizado su posición indicando que ambos procesos están en curso, pero sin anunciar fechas concretas ni resultados definitivos.

Lo que sí está claro es que la auditoría ya fue completada. La comisión interministerial tiene ahora el encargo de revisar los hallazgos y proponer opciones al gobierno. Esas opciones pueden ir desde una renegociación del contrato original hasta un cierre permanente, pasando por esquemas de participación estatal más amplia. First Quantum no ha revelado el contenido de la auditoría ni los plazos que maneja la comisión.

Qué está en juego y para quién

La magnitud del caso va más allá de una disputa entre un gobierno y una empresa minera. Cobre Panamá representaba en su momento alrededor del 5 % del PIB de Panamá y más del 70 % de las exportaciones del sector. Su cierre tuvo un efecto inmediato y visible sobre las cuentas públicas panameñas. First Quantum, por su parte, tiene una deuda significativa y Cobre Panamá era su activo más productivo: su ausencia en el portafolio operativo ha presionado las finanzas de la compañía canadiense de manera sostenida.

Para el mercado global de cobre, la paralización también tiene peso. El cobre es uno de los minerales más demandados en la transición energética, con aplicaciones en redes eléctricas, vehículos eléctricos e infraestructura renovable. Tener 350.000 toneladas anuales fuera del mercado en un momento de demanda creciente tiene consecuencias en los precios y en la planificación de proyectos downstream a escala global.

Desde una perspectiva más amplia para la región, el caso Cobre Panamá se ha convertido en referencia obligada cuando se discute el equilibrio entre soberanía sobre los recursos naturales, legitimidad social de los proyectos mineros y atracción de inversión extranjera. No es el único caso en América Latina donde una mina de escala mundial enfrenta impugnaciones legales o sociales que detienen su operación, pero sí es el más visible en este momento por la combinación de fallo judicial, protesta popular y escala económica del activo en cuestión.

Un expediente abierto con consecuencias concretas

Lo que la actualización de First Quantum confirma es que el proceso sigue su curso institucional, pero sin urgencia visible. La comisión interministerial no tiene un plazo público anunciado. El gobierno de Mulino ha sido cauteloso en sus declaraciones públicas sobre el tema, equilibrando presiones internas, compromisos con el sector ambiental y la realidad fiscal de un país que perdió un motor importante de su economía.

Para los inversionistas del sector minero que siguen el caso, el momento clave será cuando la comisión entregue su recomendación formal. Eso definirá si Panamá abre una negociación con First Quantum, si el Estado explora nuevos operadores o socios, o si el cierre se consolida como permanente con el consecuente proceso de desmantelamiento y remediación.

Hasta ese momento, Cobre Panamá permanece como uno de los expedientes más incómodos de la minería latinoamericana: una mina que técnicamente puede operar, que el mercado necesita, pero que está detenida por una combinación de mandato judicial, rechazo social y negociación política sin fecha de resolución.

La línea del fondo: Cuando la comisión interministerial entregue su recomendación, el gobierno panameño tendrá que decidir entre recuperar entre el 3 % y el 5 % de su PIB o consolidar un precedente de cierre permanente. Esa decisión marcará el tono para cómo otros gobiernos latinoamericanos manejen conflictos similares en los próximos años.