Mendoza aprueba protocolo de consulta indígena en minería

Mendoza formaliza las reglas del juego para la consulta indígena en minería

Argentina tiene uno de los marcos normativos más fragmentados de la región en materia de consulta previa. Cada provincia legisla por su cuenta, y Mendoza acaba de mover una ficha relevante: la aprobación de un nuevo protocolo que regula cómo deben llevarse a cabo las consultas a comunidades indígenas antes de autorizar proyectos mineros en su territorio.

Qué establece el protocolo y por qué importa ahora

El nuevo protocolo mendocino define los procedimientos, plazos y actores responsables del proceso de consulta previa, libre e informada que el Estado debe garantizar a las comunidades indígenas antes de aprobar proyectos que puedan afectar sus territorios. Este mecanismo está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina en 2000, pero su implementación práctica ha sido históricamente inconsistente a nivel provincial.

Lo que hace este protocolo es convertir una obligación internacional en un procedimiento operativo concreto: quién convoca, en qué etapa del proyecto, con qué información disponible para las comunidades y bajo qué criterios se evalúa si el proceso fue genuino. Para las empresas con proyectos activos o en exploración en Mendoza, esto significa que ya no hay margen de ambigüedad sobre cuándo y cómo debe iniciarse el diálogo con los pueblos originarios presentes en el área de influencia.

Mendoza tiene presencia de comunidades huarpes, principalmente en el norte y noreste provincial, además de comunidades mapuche en zonas cordilleranas. Varias de estas áreas coinciden con zonas de interés para la exploración de litio, cobre y uranio, minerales que han atraído creciente atención inversora en los últimos años. El protocolo llega, entonces, en un momento en que la presión sobre esos territorios es real y creciente.

El problema que este protocolo intenta resolver

En Argentina, la ausencia de un protocolo nacional unificado ha generado situaciones donde proyectos avanzaron sin consulta adecuada, derivando en conflictos judiciales, paralizaciones de obras y, en algunos casos, la revocación de permisos. Para los inversores, esto se traduce en riesgo regulatorio difícil de modelar: no saber cuándo exactamente empieza el reloj de la consulta ni qué constituye un proceso válido es un problema de planificación concreto, no solo ético.

Un protocolo provincial como el de Mendoza no resuelve la fragmentación nacional, pero sí establece un estándar local que reduce la incertidumbre para todos los actores. Las comunidades ganan claridad sobre sus derechos procesales. Las empresas ganan predictibilidad sobre los tiempos y requisitos. El Estado gana un instrumento que lo protege frente a impugnaciones legales por omisión de consulta.

Este tipo de normativa también responde a una tendencia global: los financiadores internacionales, desde bancos de desarrollo hasta fondos de inversión con criterios ESG, exigen cada vez con más rigor la evidencia de procesos de consulta documentados y verificables. Sin esa evidencia, el acceso a ciertos tipos de financiamiento simplemente se cierra.

Lo que Mendoza establece como precedente regional en Argentina

La decisión de Mendoza tiene valor más allá de sus fronteras. En un país donde provincias como Jujuy, Salta y San Juan concentran una parte importante de la actividad minera y también la mayor densidad de comunidades indígenas, la existencia de un protocolo provincial operativo en Mendoza puede funcionar como referencia o presión para que otras jurisdicciones avancen en la misma dirección.

No se trata de un modelo perfecto ni de un proceso que haya surgido sin tensiones. Los protocolos de consulta, cuando están bien diseñados, son el resultado de negociaciones complejas entre el Estado, las comunidades y el sector privado. Lo que importa es que existan, que sean públicos y que sean aplicables. La informalidad en este terreno no protege a nadie: ni a las comunidades, ni a las empresas, ni al Estado.

Para los equipos de asuntos comunitarios y legales de compañías con operaciones o exploración en Argentina, este protocolo es un documento que vale la pena leer con atención. Define el estándar de lo que Mendoza considera una consulta válida, y ese estándar puede volverse el piso mínimo exigible en futuras discusiones regulatorias en otras provincias.

La línea del fondo: Argentina sigue sin un protocolo nacional de consulta indígena en minería, pero Mendoza acaba de reducir el vacío legal en su territorio. Para proyectos que buscan financiamiento internacional con estándares ESG, tener un protocolo provincial documentado ya no es un diferencial: es el requisito mínimo para seguir en la cancha.