Mendoza: cómo evitar tener cobre sin industria local

La trampa del mineral que sale sin dejar nada

Mendoza está en el umbral de convertirse en una provincia minera. Pero hay una pregunta que pocas veces se hace en voz alta antes de que comiencen las excavadoras: ¿quién se queda con el valor? La experiencia de décadas en otras regiones de América Latina muestra que exportar mineral no es lo mismo que construir una industria. Y Mendoza, si no actúa con deliberación ahora, corre el riesgo de repetir ese error.

El modelo extractivo que LATAM ya conoce de memoria

El patrón es conocido: una región descubre un depósito relevante, llegan empresas con capital y tecnología propios, el mineral se extrae, se procesa mínimamente en el lugar y sale hacia puertos o fronteras sin que el territorio de origen capture valor significativo más allá de regalías y empleo directo. Chile lleva décadas discutiendo cómo ir más allá del cátodo de cobre. Perú sigue exportando concentrado con bajo nivel de refinación. La pregunta sobre encadenamiento productivo no es nueva, pero tampoco está resuelta.

En el caso de Mendoza, el debate sobre el potencial minero cuprero se instala en un contexto político y social particular: la provincia tiene una tradición productiva agroindustrial fuerte, una identidad construida alrededor del vino y el turismo, y una sociedad civil que históricamente ha mirado con desconfianza la actividad minera. Eso, paradójicamente, podría ser una ventaja. Una comunidad más exigente al inicio del proceso tiene más posibilidades de negociar condiciones que favorezcan el desarrollo local que una que acepta cualquier proyecto con tal de que llegue inversión.

Lo que está en juego no es menor. Si la minería del cobre en Mendoza se desarrolla sin una estrategia deliberada de encadenamiento, la provincia podría terminar con los pasivos ambientales y sociales de la actividad sin capturar los beneficios económicos que justificarían asumirlos. Eso incluye proveedores locales de servicios, empresas de ingeniería y construcción con capacidad de escalar, laboratorios, centros de formación técnica y, eventualmente, algún nivel de procesamiento del mineral más sofisticado que el simple chancado.

El momento en que se juega todo es antes de firmar el contrato

La ventana para definir estas condiciones es estrecha. Una vez que los contratos de concesión están firmados y el capital comprometido, el poder de negociación de la provincia cae de forma dramática. Los gobiernos que intentan renegociar condiciones una vez que el proyecto ya está en marcha enfrentan arbitrajes internacionales y presiones que difícilmente pueden sostener.

Experiencias como la de Antofagasta en Chile, donde la concentración de actividad minera no se tradujo automáticamente en desarrollo de proveedores locales sino que requirió políticas activas durante años, o la de Cajamarca en Perú, donde el conflicto social surgió en parte por la percepción de que el territorio cedía más de lo que recibía, son referencias concretas de lo que puede pasar cuando no hay una estrategia explícita desde el inicio.

Lo que Mendoza necesita resolver, y pronto, es al menos tres cosas: primero, qué porcentaje de la contratación de servicios y bienes debe ser local y con qué mecanismo se garantiza; segundo, qué nivel de procesamiento se exige dentro del territorio antes de que el mineral salga; y tercero, qué parte de la renta minera se destina a fortalecer capacidades técnicas y educativas que sobrevivan al cierre eventual del yacimiento.

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta técnica fácil. Pero tampoco son preguntas nuevas. Argentina tiene el ejemplo de Vaca Muerta, donde la provincia de Neuquén negoció con mucho más músculo contractual que otras jurisdicciones petroleras del país, y eso se tradujo en una industria de proveedores locales más robusta. El modelo no es perfecto, pero muestra que la captura de valor local es posible si se negocia desde el principio con criterio y con datos.

El debate en Mendoza todavía está abierto. Eso es una oportunidad, no una demora.

La línea del fondo: Si Mendoza no exige contenido local y procesamiento mínimo como condición de entrada antes de otorgar concesiones, estará repitiendo el modelo que Perú y Chile llevan 30 años intentando corregir sin terminar de lograrlo. El momento de cambiar esa ecuación no es después del primer cátodo, es ahora.