Minería del cobre reduce 7% extracción de agua continental en 2025

El cobre chileno le está quitando presión a las cuencas que más lo necesitan

La minería del cobre en Chile cerró el primer tramo de 2025 con un dato que merece atención: el uso de agua de mar aumentó y la extracción de agua continental cayó un 7 % respecto al año anterior. Para un sector históricamente señalado como uno de los grandes consumidores de recursos hídricos en zonas áridas, esta cifra no es menor.

De la disputa por el agua a un modelo que separa la operación del río

Durante años, la tensión entre minería y comunidades en el norte de Chile giró, en buena parte, en torno al agua. Las cuencas del Loa, el Copiapó y otros ríos del norte árido concentraron conflictos que combinaban impacto ecológico real con desconfianza acumulada. La respuesta del sector no fue solo retórica: la inversión sostenida en infraestructura de desalinización y sistemas de conducción desde la costa hacia los yacimientos de altura ha empezado a traducirse en números operacionales concretos.

El giro hacia el agua de mar no es nuevo, pero sí se está acelerando. Proyectos como las plantas desalinizadoras de Minera Escondida o Collahuasi llevan años operando, y varias operaciones medianas han seguido ese camino a medida que los costos de desalinización bajaron y las restricciones regulatorias sobre agua continental se endurecieron. Lo que reporta 2025 sugiere que esa masa crítica de inversión ya está produciendo resultados medibles a nivel de industria, no solo de proyecto individual.

El dato del 7 % de reducción en extracción continental debe leerse en contexto: no significa que el problema hídrico del norte chileno esté resuelto, sino que la trayectoria está cambiando de dirección. Las cuencas sobreexplotadas no se recuperan en un año, pero cada litro que la industria deja de extraer de ellas es un margen que permite a los ecosistemas y a las comunidades respirar un poco más.

Lo que este número le dice a los operadores y a los reguladores

Para quienes toman decisiones en el sector, esta tendencia tiene implicancias prácticas en al menos tres dimensiones.

Primero, en costos. El agua de mar desalinizada y bombeada a 3.000 o 4.000 metros de altitud sigue siendo más cara que la extracción directa de acuíferos. Pero esa ecuación está cambiando: la eficiencia energética de los procesos de ósmosis inversa ha mejorado de forma sostenida, y en algunos casos el ahorro en costos regulatorios y de relacionamiento comunitario empieza a compensar la diferencia. Para operaciones que proyectan décadas de vida útil, la certeza hídrica que da el mar vale más que el ahorro a corto plazo.

Segundo, en licencia social. Las comunidades del norte chileno, incluidos pueblos aymara, lickanantay y colla, llevan décadas registrando el impacto de la actividad minera sobre vegas, bofedales y ríos. Una reducción del 7 % en extracción continental no borra esa historia, pero sí cambia el pie desde el que la industria entra a negociar permisos, renovaciones y nuevos proyectos. Los números verificables tienen más peso que las declaraciones de compromiso.

Tercero, en regulación. Chile está en proceso de reformar su marco de gestión hídrica, y los datos de 2025 le dan al regulador evidencia concreta de que los incentivos actuales están funcionando, aunque sea parcialmente. Eso puede influir en cómo se diseñan las exigencias para los proyectos que hoy están en etapa de evaluación ambiental.

Para Perú, el panorama es más complejo: la minería opera en cuencas andinas con mayor diversidad de actores y una institucionalidad hídrica más fragmentada. Los avances chilenos en desalinización son difíciles de replicar directamente en yacimientos como Cerro de Pasco o las operaciones del sur andino, donde la logística costera es más difícil. Pero el modelo conceptual, separar la operación minera del sistema hídrico local, sí es transferible y debería estar en la agenda de diseño de nuevos proyectos.

El avance no es uniforme ni automático. Exige inversión en infraestructura, voluntad política para sostener los incentivos regulatorios y, sobre todo, continuidad. Una reducción del 7 % en un año es una señal, no una victoria.

La línea del fondo: Si Chile sostiene esta trayectoria y la extiende a las operaciones medianas que aún dependen de fuentes continentales, la industria cuprífera podría reducir su huella hídrica en zonas áridas en un 20 a 30 % dentro de una década, lo que convertiría la desalinización no en una ventaja competitiva opcional sino en el estándar operacional del sector.