Resilmin lanza proyecto de $600M para gobernanza de relaves en Chile

Chile tiene más de 800 depósitos de relaves activos. Resilmin apuesta a que la gobernanza es el problema central

Cuando se habla de riesgo minero en Chile, los relaves suelen aparecer como un tema técnico. Resilmin lo está reencuadrando como un problema de gobernanza, y está poniendo $600 millones sobre la mesa para demostrarlo. El proyecto que acaba de iniciar la compañía no busca solo mejorar la infraestructura física de los depósitos, sino fortalecer los sistemas de información, supervisión y toma de decisiones que rodean uno de los pasivos ambientales más sensibles del país.

Qué propone Resilmin y por qué ahora

El proyecto de Resilmin llega en un momento de alta presión regulatoria sobre los relaves en Chile. Tras el colapso del tranque Las Palmas en 2010 y la creciente presión de comunidades y organismos ambientales, el país ha ido endureciendo progresivamente las exigencias sobre diseño, monitoreo y cierre de depósitos. La Ley de Relaves, cuya tramitación ha sido larga y compleja, refleja que el marco normativo chileno reconoce que la gestión actual tiene brechas importantes.

Lo que distingue la iniciativa de Resilmin es su foco en la gobernanza como eje central, no como complemento. Esto implica trabajar en los mecanismos de reporte, los sistemas de alerta temprana, la trazabilidad de la información y los protocolos de responsabilidad entre operadores, reguladores y comunidades. En un sector donde la información sobre el estado de los depósitos históricamente ha sido fragmentada o de difícil acceso para actores externos, ese énfasis es relevante.

Chile alberga algunos de los tranques de relaves más grandes del mundo, asociados a operaciones de cobre como Codelco, Teck y Anglo American. La escala del problema no es menor: según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el país cuenta con más de 800 depósitos de relaves catalogados, de los cuales una parte significativa corresponde a faenas abandonadas o inactivas sin propietario claro. Ahí es donde la gobernanza falla con más frecuencia y donde las consecuencias para comunidades y cuencas hidrográficas son más difíciles de revertir.

El presupuesto como señal: $600 millones no es dinero de piloto

En el ecosistema de proyectos de innovación minera en Chile, $600 millones representan una apuesta seria, no un ejercicio exploratorio. Ese volumen de inversión sugiere que Resilmin está construyendo capacidades de largo plazo: plataformas de datos, equipos técnicos especializados, posiblemente alianzas con organismos públicos o universidades para validar metodologías.

El hecho de que el proyecto se estructure desde el concepto de gobernanza, y no desde la ingeniería de detalle de los tranques, también dice algo sobre la madurez del enfoque. Gestionar un relave no termina cuando se diseña bien el depósito. Termina cuando hay sistemas confiables que garantizan que ese diseño se ejecuta, se monitorea y se actualiza con información real en tiempo continuo. En Chile, ese ciclo completo aún tiene puntos ciegos.

Lo que está en juego para el sector y para las comunidades

Los relaves son, junto con el consumo de agua, el principal vector de conflicto entre la minería chilena y los territorios donde opera. No es solo un tema de percepción: los depósitos mal gestionados representan riesgos reales de contaminación de acuíferos, colapso estructural y afectación de suelos agrícolas. En zonas como el norte chico, donde la actividad minera convive con comunidades agrícolas y territorios de pueblos indígenas, el margen de error es estrecho.

Mejorar la gobernanza de relaves no es solo cumplir con regulaciones más estrictas. Es construir la base de confianza que el sector necesita para operar con licencia social en el largo plazo. Y en ese frente, la industria chilena tiene deuda acumulada.

Si Resilmin logra desarrollar un modelo replicable de gobernanza, con métricas claras y sistemas auditables, el valor no estará solo en los depósitos que gestione directamente. Estará en el estándar que puede ofrecer como referencia para el resto del sector, incluidas las compañías que hoy no tienen los recursos ni la capacidad técnica para hacerlo por su cuenta.

La línea del fondo: Un proyecto de $600 millones enfocado en gobernanza, no en ingeniería, es una señal de que el sector minero chileno está empezando a entender que los relaves son un problema institucional tanto como técnico. Si el modelo de Resilmin produce métricas auditables y replicables, puede convertirse en el estándar que la Ley de Relaves necesita para tener dientes reales.